Dos años y nueve meses fue la pena impuesta a trabajadores del Banco Bicentenario

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La espera terminó. La tarde de este lunes se conoció la pena que deberán pagar los trabajadores del banco Bicentenario una vez que asumieran su responsabilidad en los hechos.  Jessica Parra Lozada (31), que cumplía funciones de tesorera, el supervisor Henry Ramón Verde (47), y los cajeros Robert Pérez (31), Edgardo Meléndez (53), Carmen Crespo Suárez (54) y Luis Eduardo Piñango (28) el juez los condenó a privativa de libertad por dos años con nueve meses.

Según las fuentes consultadas no oficiales la audiencia se desarrollo dentro de un clima de mucha tensión en vista de las implicaciones que el mismo genera en la opinión pública caroreña e inclusive nacional. Donde se pudo escuchar que el Ministerio Publico órgano constitucional encargado de la acusación penal se hizo representar por el Fiscal 22 de Salvaguarda del estado Lara, el mismo en todo momento se encontró cerrado a cualquier posibilidad de alguna fórmula legal que pudiera ser menos traumática la acusación a exponer en el desarrollo de la audiencia.

Presentada la acusación por los delitos de Corrupción Impropia del artículo 63 del decreto con rango y fuerza de ley contra la corrupción y Agavillamiento del artículo 286 del Código Penal y admitida por el tribunal de control que preside la Dra. Marilú Castejón.

Los seis acusados procedieron a admitir los hechos explanados por el Ministerio Público o lo que es lo mismos aceptaron haber cometidos los ilícitos penales donde son señalados y por lo que el tribunal pasa de una vez a imponer la sentencia condenatoria.  Como dicen los estudiosos del derecho con ello se evitaría un juicio penal largo y que pudiera generar mayor gravedad en los hechos penales señalados. Se les condenó por los delitos de de Corrupción Impropia y Agavillamiento y una pena privativa de libertad de prisión de 2 años y 9 meses.

Los abogados de la defensa tendrían hasta diez días para introducir ante el tribunal de ejecución, una vez que la sentencia este publicada y  firme,   los documentos para que puedan recibir alguna medida menos gravosa  que los lleven a pagar su condena fuera de prisión.

La audiencia se conoció pasadas las 6:00 pm. y la conmoción y el llanto a las afuera del tribunal no se hizo esperar. Más aun que la decisión era privativa de  libertad y serian devueltos al CICPC detenidos, pero que la defensa había logrado llevar a una sentencia más favorable jurídicamente.

Al menos unas doscientos personas se aglomeraron en la calle Lara, y desde allí le decían a los detenidos que se asomaran. Tuvieron unos cinco minutos de verlos a través del portón gris  entre las rejas, y les gritaban palabras de aliento y de fuerza.  Mientras tanto el tráfico estuvo trancado.

Con información del Ministerio Público

El Ministerio Público logró determinar el ocultamiento de dinero en efectivo en las papeleras de reciclaje del banco y en las pertenencias personales de seis trabajadores, razón por la que ese mismo día fueron aprehendidos.

El 13 de noviembre de 2015, se alertó acerca de una situación irregular ante efectivos de la policía científica, pues se había registrado una anomalía respecto a las transacciones de pensiones y otros trámites bancarios efectuados presuntamente por los seis privados de libertad.

Todos están recluidos en el Área de Resguardo y Garantía de Detenidos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carora.

Familiares impidieron que el equipo de El Caroreño hiciera su trabajo

Una vez más la labor periodística se vio truncada pues algunos allegados se les exasperaron los ánimos e intentaron quitar al reportero gráfico y a la periodista los equipos de trabajo.

Los asediaron un grupo de hombres que bajo amenaza de que lo golpearían o que le quitarían la cámara no le permitieron tomar gráficas en el sitio al reportero.

Mientras que a la periodista, varias mujeres la cercaron, la amenazaron y le gritaban una serie de improperios. Una mujer que quedó plenamente identificada tomó por la muñeca a la comunicadora y la sujetó por varios minutos coartándole la circulación en la muñeca, mientras que otras aprovecharon la oportunidad para halarle el cabello; todo esto mientras los detenidos eran sacados en una unidad del Cicpc-Carora y no dejaron que las fotos fueran tomadas.

La situación se torno tensa y los allegados estuvieron a punto de golpear a ambos trabajadores de este rotativo con la intensión de evitar la cobertura del hecho periodístico.

Estuvieron a punto de dañar patrimonio de la empresa, golpearon en varias oportunidades el vehículo del diario  y de lesionar a los trabajadores de El Caroreño, quienes velaban por llevar hoy un información veraz y oportunidad sobre el caso, además de vulnerar el libre ejercicio periodístico, intentaron violar los derechos de los caroreños a estar informados; situación que a su vez vulnera la Constitución de la República y la Ley del Periodismo que son garantes de toda persona que trabaja en un medio de comunicación.

Por lo que los agredidos presentarán en las próximas horas ante los organismos correspondientes la situación vivida y algún daño sufrido, así mismo presentarán las pruebas contenidas que pudieren dar lugar acciones penales contra los agresores que justifica su proceder.

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Es de hacer notar que estos hechos que sucedieron y produjeron una sentencia condenatoria se le conoce como  beneficio procesal entiéndase  toda disposición legal que produzca una modificación favorable a la situación actual bajo la cual se encuentre una persona sometida a proceso penal, como podrá considerarse beneficio la rebaja de la pena que obtenga el imputado por haberse sometido al procedimiento de admisión de los hechos.

Se entiende que cualquier beneficio procesal que pudieran gozar los penados podrá ser en la etapa del tribunal e ejecución. Esto por cuanto  el legislar quiso que los sancionados por delitos de corrupción sintieran el peso de la ley aunque luego adquiera un beneficio procesal

 

Diario El Caroreño

Aleidys López.-

Foto. Jonathan Suárez

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